La FGR ha vinculado a una decena de funcionarios por el desfalco de más de 1,400 millones de pesos entre pasivos, comprobantes perdidos y reparto de alimentos
La Paz, BCS. Un juez federal emitió 22 órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos, empresarios y beneficiarios quienes desviaron 142 mdp de la entidad Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). La Fiscalía General de la República fue quien acusó formalmente a los implicados.
os delitos por los que se les acusan es delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en contra del patrimonio de la dependencia. El Segalmex es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que busca la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y social del país.
La FGR indicó que doce servidores públicos, cuatro personas de las empresas coludidas y seis personas que pasaban como beneficiarias se involucraron en el desfalco. El modus operandi era el siguiente:
“Celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142.440,883 millones de pesos, por una supuesta adquisición de 7,840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente”, indicó la FGR.
El órgano de justicia indicó que hay más carpetas de investigación abiertas por otros desvíos de la misma entidad; de hecho, en noviembre de 2022 fue vinculado a proceso René Gavira Segreste, exdirector de finanzas de Segalmex, por renovar contratos de adquisición ilícita en los años 2019 y 2020. Gavira no puede salir de la CDMX ni acercarse a los testigos del caso y debe firmar quincenalmente en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional.
Hasta ahora, las irregularidades de la entidad ascienden a los 9,500 millones de pesos en la distribución de maíz y frijol; además, no se encontraron los comprobantes por 212 millones de pesos y faltan las pruebas de la recepción de bienes y servicios que generaron pasivos por 296 millones de pesos.
Asimismo por una incongruencia de 476 millones en el registro del valor de granos y lo que se tenía en los estados financieros de la dependencia.
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