Multan a directivos del Hospital Juan María de Salvatierra por negligencia y discriminación

Foto Cortesía Rodrigo Diestro

Juez impone sanción económica tras negar atención médica a paciente que tuvo que ampararse para obtener el tratamiento necesario

La Paz, BCS. Un juez del Juzgado de Distrito habría determinado una multa de 200 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a aproximadamente 20,700 pesos, para los directivos del Hospital Juan María de Salvatierra en La Paz. Esta sanción se debe a presuntos actos de negligencia y discriminación al negarse a brindar atención a un ciudadano, quien tuvo que recurrir a un amparo para que la ley le diera la razón en esta situación.

La paciente, identificada como María “N”, relató que acudió al Hospital Juan María de Salvatierra donde un médico le habría informado que no podía atenderla, alegando que su condición no era lo suficientemente grave como para ser atendida, argumentando que no se encontraba en una situación de “estar muriendo”.

“Se concede la suspensión definitiva a la quejosa María (…) para que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen las gestiones necesarias para que de inmediato le otorguen el tratamiento médico adecuado a su padecimiento, así como los medicamentos necesarios para garantizar su estado de salud y condición de vida”, refiere parte del documento judicial.

Es importante destacar que la autoridad precisó que la atención médica se determinará a través de una evaluación por parte de los profesionales correspondientes, es decir, no necesariamente se deberá acceder a la solicitud de la paciente, sino que se tomarán las medidas que consideren apropiadas para atender su diagnóstico.

Foto Cortesía de Mario Ávila

En la sentencia, el juez determinó la imposición de la multa basándose en que el derecho a la salud tiene una proyección individual o personal, lo cual implica que todas las personas deben tener acceso a la atención física, mental, emocional y social, las cuales deben ser disponibles y accesibles. Esto significa garantizar suficientes servicios y mecanismos para materializar el derecho y asegurarse de contar con los medios necesarios para lograrlo.

Además, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la paciente María “N”, para que las autoridades de salud correspondientes realicen las gestiones necesarias para que reciba de inmediato el tratamiento médico que previamente le fue negado, con el fin de garantizar su salud y calidad de vida.

Por último, en su denuncia ciudadana, la parte afectada hizo un llamado al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, para que salvaguarde la salud de los habitantes del estado. Sin embargo, también se acusó al servidor público de ser un “familiar” en esta situación.