La Paz.- El dirigente de ASATA Pedro Enrique López, advirtió que el empleo de más de 100 familias en la capital de Baja California Sur se encuentra en riesgo luego de que se aprobó la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que deja en la incertidumbre a los actuales propietarios de concesiones de urbanos.
En lo referente a la capital sudcaliforniana, esta modificación a la antigua Ley del Transporte, dejó en desventaja a los concesionarios ya que con su patrimonio, o sea con sus actuales unidades, no se les autorizará ningún aumento al precio del pasaje como ya ocurrió en Los Cabos que subió de 14 a 16 pesos.
En La Paz, la alcaldesa Milena Quiroga no les ha querido autorizar ningún aumento y ahora, con la nueva ley se abre el espacio para que entren nuevas empresas con otro tipo de unidades y con la ventaja de cobrar más caro el pasaje, hasta 15 pesos o más.
Pedro Enrique López dijo que el sector del transporte concesionado que abarca urbanos y peseras, se siente muy decepcionado con los gobiernos de MORENA, pues no fue lo que acordaron en las pláticas previas. "Víctor Castro no nos une, nos desune", sentenció.
Los concesionarios de transporte en La Paz, han sido invitados para sumarse de manera voluntaria a un fideicomiso donde tendrán oportunidad de créditos para mejorar unidades.
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