El 23 de marzo del 2019, tres comandos fuertemente armados asaltaban de manera coordinada las comandancias de policía municipal de Ciudad Insurgentes y Zaragoza, descendiendo de vehículos de modelo reciente y empuñando armas largas, en cuestión de minutos paralizaron la seguridad pública de esos 2 poblados norteños, llevaban órdenes precisas; averiguar quién estaba involucrado en el robo de armas de fuego y de paso, darles un escarmiento ante el descontento generado por la imposición de un comandante proveniente de la Marina Armada de México.
Esa noche de terror arrojó un saldo de 18 víctimas, entre los que se cuentan 11 policías de seguridad pública sometidos a tortura, pues fueron desnudados para ser introducidos en celdas y propinarles de batazos en numerosas partes del cuerpo, al grado de fracturarles huesos en las extremidades superiores, sufrimiento que incrementaban al no obtener información sobre el destino de unas armas de fuego; concluyeron el tormento cuando consideraron suficiente el escarmiento encomendado, todavía espetaron antes de retirarse: ‘’hicieron encabronar al patrón’’.
Tres eran las latitudes estratégicas a intervenir, el tercer punto se encontraba en Ciudad Constitución, cabecera municipal de Comondú, el grupo armado se coordinaba para introducirse en dos domicilios particulares, sometiendo a la familia, sacaban de la cama a los también agentes de seguridad pública, la instrucción consistía en trasladarlos a La Paz, después ingresarlos a las instalaciones de la procuraduría general de justicia, donde serían cruelmente torturados, no había duda que, en ambos, se trataba de servidores públicos municipales y estatales respectivamente.
Dos eventos enmarcan el operativo de Estado realizado esa noche de miedo, el primer acontecimiento fue el nombramiento de un integrante de la secretaria de marina, como nuevo director de seguridad pública en Comondú, y el descontento que ese nombramiento generó al interior de la corporación municipal; el segundo suceso, se registra el 21 de marzo del 2019, en horas de la madrugada un comando armado asaltaba el banco de armas de la comandancia de seguridad pública de Ciudad Insurgentes, sustrayendo 20 armas largas y 10 cortas, en hechos que, medios de comunicación atribuían a la delincuencia organizada.
El tema atrajo el foco de los defensores de derechos humanos en Baja California Sur, apremiaba apuntalar una investigación que finalmente terminó por acreditar violaciones graves a los derechos humanos en el Estado y la intervención de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, corporación de seguridad pública al mando de la Marina Armada de México; fue así que, en el mes de diciembre del 2019, el primer visitador exponía ante consejo ciudadano del órgano constitucional, la recomendación dirigida al procurador general de justicia, documento que reconocía la calidad de víctimas a un grupo de 18 sudcalifornianos, pugnándose por la reparación integral del daño.
Este evento provocó que el sistema de defensa de los derechos humanos se resquebrajara, el primer visitador general fue apartado por atreverse a investigar, después vino la persecución penal, el ombudsman había elegido colocarse a un costado del poder, no le bastó con despedir al defensor de derechos humanos, también se metieron a su oficina y sustrajeron todos los expedientes de queja, luego tuvieron la desvergüenza de denunciar que el visitador se los había llevado, era claro que, entre ese cúmulo de expedientes, se encontraba el que era de su mayor interés, el de los policías municipales de Comondú, que contenía una investigación con cerca de 70 elementos de prueba, entre testimonios, dictámenes médicos y periciales en psicología.
El caso de los policías de Comondú se reactivó 3 años después en el juzgado primero de distrito, las victimas de tortura obtenían la protección de la justicia federal, el juez le ordenaba al ombudsman sudcaliforniano que concluyera la investigación iniciada por las violaciones graves a los derechos humanos; la respuesta del organismo llegó pronto, se aducía imposibilidad jurídica y que el expediente se encontraba extraviado, también se argumentaba competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalando de esos hechos a la Secretaría de Marina Armada de México.
Por su parte, el organismo nacional de los derechos humanos apareció en escena, manifestando que desde junio del 2019 había determinado que no había responsabilidad de los integrantes de la Marina Armada de México, tampoco observó participación alguna de los integrantes de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, no eran suficientes los testimonios de 18 víctimas, tampoco le alcanzaba para emitir una recomendación, no obstante los dictámenes médicos y psicológicos que daban cuenta de la tortura recibida.
Es obvio que no se trata de un caso aislado, el fenómeno de la tortura y la prepotencia del poder público deben cesar, la defensa de los derechos humanos nos debe conducir a romper con los esquemas de complicidad con el poder, es necesario reivindicar los derechos fundamentales de las víctimas y devolver la dignidad al sistema no jurisdiccional de protección, en uno de los casos más paradigmáticos de violaciones graves a los derechos humanos en el Estado de Baja California Sur. Eso es lo que está en juego, regresemos la esencia ciudadana al organismo de protección a los derechos humanos, rescatemos a una institución fundamental para el equilibrio en el ejercicio cotidiano del poder público, no nos merecemos eso nosotros los Sudcalifornianos.
Juan Manuel Alfaro Castro.
Defensor de derechos humanos y candidato a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.
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