El Instituto Electoral Estatal de Baja California Sur, IEE BCS, resolvió que soy presunto culpable del delito de violencia política de género, por escribir y publicar en mis redes sociales, el pasado 12 de enero del presente, un texto periodístico que recoge la denuncia de un padre que afirma ser amenazado por su hija.
En el texto periodístico que el IEE BCS admitió como prueba, puede identificarse con claridad que la fuente informativa de la denuncia es el propio padre, no yo, además de incluirse en la nota el nombre y domicilio del señor.
¿De qué sí soy responsable? Soy autor de la narrativa y del estilo literario utilizado en el texto citado, así como de su publicación posterior.
¿Se trata de intimidar al mensajero? ¿Desconocen acaso las autoridades del IEE BCS que la denuncia pública es la esencia del quehacer periodístico? ¿su materia prima? ¿Ignoran sus abogados litigantes que el ejercicio de las libertades de expresión y de imprenta que gozamos los periodistas, deben respetarse ambos derechos los 360 días del año? ¿Que no debe existir ningún estado de excepción?
Con todo respeto, invito al director de Quejas del instituto estatal electoral local para que interprete y aplique la ley en la materia con la sensibilidad social suficiente para evitar que sus decisiones vulneren el derecho a la información, un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna que las autoridades electorales locales vienen debilitando repetida y discrecionalmente en la entidad.
Los acuerdos de la autoridad electoral, por legítimos que sean, no tienen porque afectar el ejercicio cotidiano de los periodistas sudcalifornianos como es mi caso, porque un reportaje, una nota informativa, una entrevista, es el espacio natural en donde se concreta y hace realidad el derecho que la Constitución Política otorga a todos y a todas las mexicanas para estar informados.
La libertad de expresión no puede estar en entredicho bajo ninguna circunstancia, Se trata de un derecho que los periodistas estamos obligados a defender porque ningún pretexto o causa, por legítima que sea, puede vulnerar derechos fundamentales.
A mis casi 75 años de edad, estoy dispuesto a defender, en cualquier circunstancia, mi derecho como periodista a escribir y publicar mis textos en un ambiente de libertad y tolerancia.
Lic. Carlos Manuel González Muñoz.
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